RESPONSABLES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS Y REFUGIADOS DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA Y LOS ESFUERZOS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

En la República Centroafricana se vive un cruento conflicto armado desde el año 2012, que ha producido cientos de miles de afectados directos e indirectos, llegando a amenazar la paz y la seguridad internacionales. Este conflicto inició en 2004 y ya se considera la más grave emergencia humanitaria de África.

En 2019 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y cerca de quince grupos armados insurgentes, no obstante, meses después, se habla del prácticamente nulo cumplimiento del mismo.

Mientras tanto, los centroafricanos esperan con ansias un giro en su situación, en tanto que la ayuda económica internacional es cada vez menor y tarda más en llegar. Asimismo, los afectados sostienen de un hilo la esperanza de que se haga justicia contra los culpables de esta calamidad, a quienes se les pudiera acusar de una larga lista de crímenes, incluyendo de guerra y de lesa humanidad.

En un país de 4,6 millones de personas, 2.5 millones requieren de manera urgente agua potable, alimentos, vivienda, atención médica y protección; 688 mil se encuentran desplazadas dentro del país (14.96%); 10 mil niños son obligados a ser soldados, esclavos sexuales o cocineros (0.2%) y cerca de 584 mil personas son refugiadas (12.7%).

Ante este panorama tan desconcertante uno se pregunta ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para castigar a los responsables de esta tragedia?

Como es bien sabido, la República Centroafricana es signataria de múltiples tratados internacionales que protegen los Derechos Humanos, entre estos el Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional con sede en La Haya y que entró en vigencia el 1ro de julio de 2002. En la actualidad 123 Estados han ratificado este documento.

A diferencia de otros tribunales internacionales, de la CPI destacan su carácter permanente, internacional, universal e independiente. En este tribunal los casos pueden ser remitidos por los Estados miembros, por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o por la propia fiscalía de la Corte. No obstante, para que la Corte funciones de manera efectiva, se requiere la cooperación constante de los Estados en los procesos de investigación, ejecución de las órdenes, detención y entrega.

Debido a las dificultades habituales en países que viven este tipo de conflicto, las investigaciones no pueden llevar el ritmo que la situación demanda, tampoco pueden iniciarse de manera paralela investigaciones por todos los casos conocidos. Veamos los avances de esta corte:

Luego de tomar el control del gobierno en la RCA, Bozizé impulsó investigaciones penales contra el presidente anterior y sus cómplices, entre estos Jean-Pierre Bemba, originario y residente en el país vecino de la República Democrática del Congo, sin embargo, los tribunales locales remitieron el caso a la Corte Penal Internacional, que en 2007 anunció la apertura de una investigación al respecto.

Luego de perder unas elecciones en su país, Bemba escapó a Bruselas, donde fue apresado en 2008 por orden de la CPI.

El 21 de junio de 2016 Bemba fue condenado a 18 años de cárcel por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos por tropas que estuvieron bajo su mando entre 2002 y 2003, cuando más de un millar de militares, fueron enviados a sofocar un golpe de Estado en la vecina RCA.

Aunque Bemba no participó en los crímenes juzgados, sí tenía pleno conocimiento de su desarrollo y no hizo nada para evitarlos, detenerlos o juzgarlos indicó la corte. El principal crimen perpetrado por estas huestes fue el de la violación sexual, que fue ponderado por este tribunal como un crimen de guerra atroz.

Luego de estos aparentes avances en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad en la RCA, en junio del 2018 la CPI revirtió la condena contra Bemba por los supuestos crímenes cometidos entre 2002 y 2003, concluyendo que en 2016 no se demostró totalmente que este no tomara medidas para evitar las violaciones referidas.

Así fue como la pena más dura emitida por esta corte en su historia, se desvaneció para siempre luego de su apelación, representado un duro golpe a los anhelos de justicia de las familias afectadas. Finalmente, Bemba fue condenado a un año de prisión y el pago de 300 mil euros por sobornar a testigos en el caso, condena que no necesitó cumplir, pues ya había cumplido 10 años recluido en La Haya.  

Otro caso icónico ha sido el del diputado y ex líder de una importante facción de la milicia cristiana anti-Balaka, Alfred Rombhot Yekatom, quien fue apresado en la RCA y extraditado a La Haya en noviembre de 2018 acusado de al menos 8 crímenes cometidos a partir de 2012, entre estos, reclutar niños soldados, saqueos organizados, entre otros crímenes contra la humanidad.

Esta investigación fue iniciada en 2014. Desde entonces la CPI ha encontrado indicios de responsabilidad de Yekatom por asesinato, tortura, tratos inhumanos, mutilaciones, ataques intencionados contra la población civil y contra edificios religiosos. No obstante, luego de su apresamiento no ha habido nuevas informaciones de avances por parte de la Corte.

Por otro lado, para mencionar otro esfuerzo internacional por judicializar los crímenes cometidos en la RCA, en el año 2014 el gobierno de Catherine Samba-Panza solicitó colaboración a las Naciones Unidas para crear un tribunal capaz de juzgar los crímenes cometidos a partir del conflicto armado iniciado en 2012 por el golpe de Estado de la alianza rebelde Séléka contra el presidente de ese momento, Francois Bozizé y las posteriores luchas entre Séleka y anti-balaka.

En 2015 se promulgó una ley que creó un Tribunal Penal Especial para la República Centroafricana, conformado por el poder judicial del país y jueces, fiscales y abogados internacionales, sustentado por el apoyo logístico y presupuestario de la ONU a través de sus distintos programas desplegados en la RCA. Su principal objetivo sería castigar a los culpables de crímenes de guerra, genocidio y otras violaciones de Derechos Humanos. La intención era romper con el aletargamiento y en algunos casos, fracasos, de los tribunales internos e internacionales que habían sido apoderados al respecto en el país.

Se planteó el año 2003 como punto de partida de las investigaciones, fecha en que Bozizé despojó del poder a Patassé. El surgimiento de este tribunal no busca suplantar el trabajo realizado por la CPI, sino que procura complementarlo y remitir de manera exclusiva a la CPI los casos más graves.

Finalmente, en octubre de 2018 quedó establecido el Tribunal, con sede en Bangui, luego del retraso de tres años producido por el proceso de promulgación de su marco legal y la recolección de los fondos para operar. En diciembre del mismo año inició sus investigaciones.

Aunque esto constituye un soplo de esperanza para muchos, la realidad es que este nuevo esfuerzo tiene serias dificultades que enfrentar para lograr el éxito. En primer lugar, la Corte solo cuenta con 5 años de vigencia y aunque este tiempo es prorrogable, representa un obstáculo para países como este, donde se entorpecen las investigaciones con relativa facilidad.

En este mismo sentido, encontramos que en la RCA no existen garantías de protección de testigos; es muy difícil llevar a juicio a líderes de los grupos armados que accionan en el territorio nacional, so pena de represalias contra las propias autoridades; hay una gran polarización social (cristianos – musulmanes); los documentos confidenciales de las investigaciones llegan a perderse o a hacerse públicos sin explicación aparente; muchos jueces nacionales han demostrado ser sobornables y una parte importante del sistema judicial centroafricano está profundamente corrompido.

Dicho esto, y a sabiendas de que con cada año se incrementa el número de crímenes impunes y disminuye los montos de los fondos que se reciben para sustentar estos esfuerzos de justicia penal internacional, está de más precisar, que la situación es altamente desesperanzadora en este aspecto para la República Centroafricana.

Israel Castillo de Jesús.

Fuentes:

Veinte años de Corte Penal Internacional. Obtenido de https://www.elmundo.es/opinion/2018/07/26/5b5856d7e5fdea7d708b45d0.html

Un tribunal híbrido para romper el ciclo de violencia en República Centroafricana. Obtenido de https://www.europapress.es/internacional/noticia-tribunal-hibrido-romper-ciclo-violencia-republica-centroafricana-20180901090234.html

Las violaciones superan a los homicidios en la República Centroafricana. Obtenido de http://www.vrwg.org/ACCESS/SP09.pdf

La CPI condena a Bemba a 18 años de cárcel por violaciones sádicas y asesinatos. Obtenido de https://elpais.com/internacional/2016/06/21/actualidad/1466518100_852188.html

La Corte Penal Internacional absuelve al exvicepresidente del Congo condenado por crímenes de guerra. Obtenido de http://www.rtve.es/noticias/20180608/corte-penal-internacional-absuelve-exvicepresidente-del-congo-condenado-crimenes-guerra/1747960.shtml

La CPI extradita al líder de milicias centroafricano Alfred Rombhot. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/internacional/20181117/452993630184/la-cpi-extradita-al-lider-de-milicias-centroafricano-alfred-rombhot.html